Para el Gobierno nacional, la Acción Integral Contra Minas Antipersonal - AICMA es entendida como motor fundamental para el logro de la Paz en Colombia, razón por la cual las funciones en esta materia fueron delegadas a la Oficina Consejera Comisionada de Paz, mediante Decreto 2647 del 30 de diciembre de 2022, ratificando el compromiso del Gobierno por la trasformación territorial para lograr paz con legalidad para todos los colombianos.
Por tanto, la misión de la AICMA debe estar dirigida a reducir el impacto social, económico y ambiental que generan los Artefactos Explosivos, mediante el diseño e implementación de proyectos enfocados a proteger y garantizar la convivencia sana en los territorios. Ello confirma que sus tres pilares misionales(*), se conviertan en mecanismos potenciadores de la consolidación de la paz y la cultura de legalidad como políticas de Estado en el mediano y largo plazo, especialmente en aquellos territorios más afectados y donde la intervención estatal se pueda afianzar en el tiempo.
De igual forma, se busca que, con el desarrollo de sus acciones, se generen sinergias entre los diversos actores involucrados en la formulación e implementación de políticas relacionadas, con la finalidad de llegar a la mayor cantidad de territorios afectados por las dinámicas conflictivas territoriales de manera oportuna, efectiva y eficaz.
En ese sentido, la inclusión de la AICMA en la Oficina Consejera Comisionada de Paz posiciona este tema a nivel Presidencial, generando un salto cualitativo en el entendimiento de la AICMA como una herramienta de paz, en el marco de las dinámicas conflictivas, a nivel territorial.
Así, la AICMA en Colombia se fundamenta en la necesidad de intervenir de forma oportuna y eficaz los territorios más afectados para lograr el mayor impacto humanitario y mejorar las condiciones para las poblaciones afectadas en procura del restablecimiento de sus derechos y el goce efectivo de sus territorios, así como el fortalecimiento de la convivencia ciudadana en las poblaciones de manera concertada con las comunidades y autoridades territoriales.
De igual forma, a sabiendas de que en el escenario territorial aún persisten dinámicas de conflictividad que hacen imperativo el fortalecimiento de la presencia estatal en aquellas zonas históricamente ocupadas por Grupos Armados Organizados – GAO, se hace necesario que la AICMA oriente sus esfuerzos en lograr integrar sus intervenciones y actividades en los territorios dentro de las políticas, programas y proyectos transversales que estén o se vayan a desarrollar con el objetivo de fortalecer la convivencia y la legalidad.
La AICMA como instrumento de la Paz con Legalidad
Este concepto, que se podría entender como el sostenimiento del imperio de la ley y la convivencia pacífica como base para la construcción de Paz, cumple un rol en la prevención de violencias y el desarrollo humano, hace frente a amenazas internas y externas contra la paz y a la vez asegura que los derechos básicos de las personas se protejan, respeten y promuevan, según la política de construcción de Paz del Gobierno del señor Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, como elemento y lineamiento fundamental para el desarrollo de una Paz con Legalidad.
En ese sentido, la Oficina Consejera Comisionada de Paz, al asumir las funciones propias de Autoridad Nacional Técnica en materia de Acción Integral Contra Minas Antipersonal - AICMA, logra una articulación encaminada a la respuesta efectiva frente a sus tres pilares a la par de las acciones en el marco de la política de legalidad y convivencia; la AICMA se convierte así en herramienta fundamental de la política de Paz con Legalidad del Gobierno Nacional.
De esta forma, de manera muy general, así se articulan sus tres pilares con esta Política:
Desminado Humanitario: fortalece y genera condiciones para una Paz Territorial mediante un desescalamiento del conflicto. Al liberar tierras de minas antipersonal para ser usadas con plena libertad por desplazados, víctimas y la comunidad en general, se garantizan los derechos a la movilidad, explotación y pleno disfrute de la tierra de manera segura y la implementación de otras políticas públicas.
Asistencia Integral a Víctimas: fortalece la cultura de legalidad y la Paz Territorial por medio de la Asistencia, Atención, Reparación y Ayuda Humanitaria a las víctimas de minas antipersonal, por cuanto se logra restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política.
Educación en el Riesgo de Minas – ERM (ERAE): fortalece la Paz Territorial, por medio de la educación en los territorios al implementar medidas preventivas, encaminadas a reducir los riesgos de nuevas víctimas por minas antipersonal
De igual forma, el Plan Estratégico 2020 – 2025 «Hacia una Colombia libre de sospecha de minas antipersonal para todos los colombianos»contempla, además, que las acciones relacionadas con los pilares serán apoyadas por la Gestión Territorial y la Gestión de Información.
Así, la Gestión Territorial (GT) se comprende como un pilar transversal de la AICMA, cuyo propósito es coordinar, brindar asistencia técnica y acompañar las acciones en el territorio, tendientes a crear o fortalecer capacidad instalada en las Autoridades Locales, organizaciones y comunidad en general, que permita enfrentar la problemática que representa la presencia y/o sospecha de la existencia de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Usadas Sin Explosionar (MUSE) en los territorios afectados o en riesgo de estarlo.
Para ello, las acciones de intervención del territorio, deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
a. Armonización con las políticas públicas locales.
b. Efectiva participación social y comunitaria.
c. Capacidad instalada.
d. Sistematización y socialización de la información.
Por su parte, la Oficina Consejera Comisionada de Paz, como fuente oficial de información para la AICMA, administra la base de datos del Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal (IMSMA, por sus siglas en inglés), sistema de información recomendado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la gestión de los datos básicos acerca de los programas de Acción Integral contra Minas Antipersonal.
En ese sentido, la gestión de la información consiste en cualificar la información a través de la implementación de procesos y herramientas desde el territorio, para la recolección, análisis y sistematización de la información de contaminación por MAP-MUSE (registrada en el IMSMA), con énfasis en aspectos sociales, culturales y políticos relevantes que incidan en la priorización de la intervención de los territorios con afectación, que permitan promover la toma de decisiones y el reajuste de las políticas, planes, programas y proyectos diseñados para y con el territorio.
En consecuencia, la calidad de la información depende directamente de la información reportada a través de las diferentes fuentes, por lo cual se desarrollan espacios para la transferencia de conocimientos y capacidades de gestión de información, que han permitido estandarizar las herramientas y procesos. Finalmente, para mantener la información disponible a las diferentes partes interesadas, se ha adecuado un Sistema Periférico con un módulo de reportes; para el público, en general, se creó un geoportal; y para la interoperabilidad e intercambio de información con la institucionalidad, se han desarrollado servicios geográficos y servicios web que soportan y apoyan el desarrollo de todo el Plan Estratégico.
Enfoques
La construcción del Plan Estratégico 2020-2025 “Hacia una Colombia Libre de Sospecha para todos los colombianos”, se encuentra enmarcada en los postulados planteados desde los enfoques de derechos humanos, de género y diferencial y, de acción sin daño. Ello obedece a la necesidad de realizar una lectura del texto a partir de bases sólidas, que lleven a la definición de acciones enmarcadas en los principios de estos enfoques.
Enfoque Basado en Derechos: El Enfoque Basado en Derechos (EBD) es un marco conceptual y una herramienta de análisis, diseño, planeación, implementación y ajuste de políticas públicas que buscan generar y consolidar cambios reales en la situación de personas, familias, comunidades y sectores especialmente afectados por situaciones de conflictividades territoriales, violencia, pobreza, desigualdad, exclusión, impunidad y debilidad institucional (ACNUDH, 2008).
Este enfoque permite observar que existe una alta correspondencia entre la contaminación de un territorio por MAP/MUSE, y el grado de afectación humanitaria y socioeconómica del mismo, por lo cual el diseño e implementación de las estrategias de la AICMA debe tomar en cuenta estos criterios para identificar y ponderar las variaciones y presentaciones regionales y locales para lograr el mayor impacto positivo posible.
Enfoque Diferencial, Étnico y de Género: De acuerdo con lo establecido por la Ley 1448 de 2011 en su artículo 13, “El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, etnia, orientación sexual y situación de discapacidad”. Ello establece que el Estado se encuentra en la obligación de ofrecer especiales garantías que adopten criterios diferenciales acordes a la situación de vulnerabilidad de cada grupo poblacional.
Este enfoque permite caracterizar a las víctimas desde sus particularidades; identificar los derechos específicos de cada uno de estos grupos, las situaciones de vulnerabilidad y desventaja frente al conjunto de la sociedad; y, por último, implementar acciones propositivas para prevenir, proteger y restablecer sus derechos. Por tanto, todas estas características que reconoce el enfoque diferencial son tenidas en cuenta para el diseño de políticas, planes, programas y proyectos derivados del Plan Estratégico 2020-2025 “Hacia una Colombia Libre de Sospecha de Minas Antipersonal”.
Enfoque de Acción Sin Daño: Busca hacer notorios los impactos que tienen las acciones que se adelanten para las comunidades en tanto pueden exacerbar conflictos, generar dependencias, anular las capacidades de las personas, entre otros. A estas situaciones se les conoce como ‘daños de la intervención’. Sin embargo, las acciones también tienen el potencial de promover la resolución pacífica de los conflictos y las tensiones, generar independencia y autogestión, y potenciar las capacidades locales de paz. Las intervenciones que promueven esto corresponderían a acciones sin daño.
De esta manera, el enfoque de Acción sin Daño en la AICMA debe propender por que se tomen decisiones e impartan orientaciones adecuadas para que cada relacionamiento con las víctimas de MAP/MUSE y comunidades en riesgo, incluso en situaciones complejas, siempre sean pensadas dentro del contexto donde se desenvuelven evitando propiciar nuevas situaciones donde se sientan agredidas, estigmatizadas, señaladas o ignoradas, pues esto lleva a agudizar y profundizar los daños sufridos y la revictimización.