De acuerdo con lo establecido en el
Decreto 1784 de 2019, las funciones de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal - AICMA son parte de la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP. Esta base normativa demuestra un salto cualitativo en el entendimiento de la AICMA como una herramienta de paz. Según el artículo 14 de este decreto, la OACP deberá «elaborar y coordinar la estrategia nacional de AICMA en todo lo referente al desminado humanitario; asistencia y rehabilitación a víctimas; destrucción de minas almacenadas; campañas de concientización y educación de la población civil; y todos aquellos aspectos que demanden el cumplimiento del tratado de Ottawa».
De manera particular, en lo que atañe a la
Asistencia Integral a las Víctimas (AIV), históricamente su objetivo principal ha sido coordinar el acceso a la Ruta de Atención orientada al ejercicio efectivo de los Derechos Humanos, en articulación con las entidades con responsabilidad en AIV y con las organizaciones y organismos internacionales que adelantan acciones en esta materia. Así mismo,
sus acciones se desarrollan en el marco del Enfoque Diferencial, el cual entiende la diversidad como una particularidad de la población víctima, y se tiene presente al momento de diseñar estrategias encaminadas a su bienestar. Esto asume el respeto por la cosmovisión indígena, así como por los temas de género, infancia y adolescencia, etnia y personas con discapacidad, entre otras.
Si bien lo anterior fundamenta el actuar de la AIV, el actual escenario hace imperativo repensarla como
instrumento de apoyo en los procesos de construcción de paz y reconciliación nacional, lo cual se constituye en el escenario ideal para que la AIV oriente sus esfuerzos en convertirse en un actor de trasformación social, capaz de lograr en la población afectada por estos artefactos explosivos, su empoderamiento como sujetos constructores de paz, que se enfrentan a un entorno con rezagos de dolor y sufrimiento. En otras palabras, el papel de la AIV ha de ser tan comprehensivo que tienda hacia una
política social de inclusión que contribuya con el tránsito de la concepción de víctima a sobreviviente, entendido este último como aquel sujeto que pese a las adversidades sufridas, ha logrado salir adelante y reorientado su propio proyecto de vida.
Así mismo, la AIV debe pensarse de una manera tan amplia que permita entender que las MAP y MUSE causan un daño perverso no solo a quien sufre el accidente y/o sus familias, sino también a todas aquellas comunidades que residen en lugares con su constante amenaza. El temor al disfrute del territorio, la pérdida de prácticas socioculturales y la inutilización de la tierra para economías locales son solo algunos de los límites que imponen estos artefactos explosivos a las comunidades para vivir seguros y libres. Es así como la AIV entiende la relación del sujeto (víctima) con el entorno (país) y apoya en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
