Bogotá, 24 de enero de 2020.- Concluyó en Bogotá la visita oficial a Colombia de Juan Carlos Ruán, Director de la Unidad de Apoyo a la Implementación (ISU, por sus siglas en inglés) de la Convención de Ottawa, la cual prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal e insta a los diferentes estados a destruir los artefactos de este tipo que tengan en su territorio.
Esta visita, cuyo objetivo principal era apoyar la construcción de la solicitud de prórroga que presentará Colombia en marzo de este año al Comité de Implementación del artículo 5 de la Convención, referente a la destrucción de minas antipersonal en áreas minadas, liderado por Canadá, con Austria, Noruega y Zambia, permitió también estudiar los esfuerzos del Estado colombiano en el cumplimiento de este numeral.
En ese sentido, el grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal – AICMA de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP presentó a la ISU los avances obtenidos en materia de AICMA, los retos en el cumplimiento de la Convención y el Plan Estratégico 2020-2025 desarrollado para este fin.
«Quedé muy impresionado con todos los trabajos que se están haciendo. Me llaman la atención, principalmente, que el enfoque diferente que le están dando a la problemática es más concreto, y que la metodología está más orientada a las necesidades de la comunidad», expresó Ruán.
De igual forma, manifestó que uno de los mayores retos para la consecución de la prórroga es la seguridad para desminar algunos municipios, «pero ha sido interesante ver que Colombia no se ha quedado con los brazos cruzados. Me impresionó que están trabajando con asociaciones de víctimas de minas antipersonal para entrar a estos municipios y dar voz y protagonismo a las víctimas, al tiempo que se afianza el liderazgo de la comunidad para tratar con el problema; considero que todo esto dará buenos resultados para el desarrollo de las comunidades».
Por su parte, Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, en su calidad de coordinador nacional de la AICMA, manifestó que «a pesar del nivel actual de contaminación y de la persistencia en la instalación de minas antipersonal por parte de los actores armados ilegales, Colombia cuenta con el compromiso de la capacidad nacional, en cabeza de Ejército y Armada, así como con el complemento que brindan las organizaciones civiles para el desminado humanitario; en ese aspecto, durante los próximos años concentraremos esfuerzos en optimizar cada vez más la eficiencia en las operaciones».
Colombia presentará ante la Convención de Ottawa, a finales de marzo de 2020, una solicitud para extender hasta 2025 el plazo actual (que va hasta 2021) para continuar con los esfuerzos del país en liberar el territorio nacional de minas antipersonal.
