Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal
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Plan Nacional de Acción contra Minas

Realidades, Desafíos y Retos del Desminado Humanitario en Colombia

​Discurso del Brigadier General Rafael Colón Torres en el marco del Foro de Expertos, en apoyo a la Iniciativa Global de Desminado para Colombia

Bogotá, 10 de mayo de 2016

Brigadier General Rafael Colón Torres, Director Dirección contra Minas.

Durante los próximos minutos les contaré sobre cómo hemos llegado a la construcción de un plan consecuente con las enormes posibilidades que brinda la terminación del conflicto armado con las guerrillas de las Farc, consecuente con la seriedad de los acuerdos alcanzados hasta ahora en La Habana, consistente con la visión de abrazar a un país sin conflictos en la ruralidad nacional y con la nueva perspectiva de avanzar en la Acción contra Minas, sin que la variable de seguridad sea la que defina el dónde y cuándo hacer Desminado Humanitario.

Para saldar la deuda histórica con las regiones, las instituciones deben actuar mucho más cohesionadas; los contenidos de las políticas de desarrollo rural, deben estar armonizadas con el tamaño del desafío que tiene el país y para enfrentar un problema tan complejo, es preciso combinar la riqueza técnica del Desminado Humanitario, con los contenidos políticos y jurídicos, que caracterizan la coordinación interinstitucional: esa es la Acción contra las Minas.

Ha llegado el momento para que las políticas públicas que se implementarán en un escenario de posconflicto, no se condicionen a la calificación de un semáforo, que en rojo paralizaba la intención del desarrollo, en amarillo lo ponía en duda y solo en verde: permitía su entrada.

Son las víctimas por causa de la tragedia de las minas, quienes guían la geografía de los nuevos planes del desminado humanitario y es la perfecta coordinación interinstitucional, la que pone el orden, sobre el cómo y cuándo hacer intervenciones, para mejorar el bienestar de las comunidades de la ruralidad colombiana.

 

1. CONTEXTO: Cómo llegan las minas a la ruralidad nacional

La historia reciente de Colombia, se encuentra llena de cientos de páginas que registran el crudo testimonio sobre el uso de las minas antipersonal; el dolor descomunal y devastador, lo han sufrido más de 11.400 víctimas desde 1.990, entre civiles y militares.

Las víctimas por minas antipersonal pierden parte de sus cuerpos, truncan sus sueños, su vida diaria es alterada; son mutilados en cuerpo y alma, se alejan de sus tierras, abandonan su sueños; migran del campo a la ciudad para recibir atención médica, y cambian su manera de relacionarse...;  las comunidades rurales se alejan de sus puntos de encuentro  envueltos en miedos y tristezas.

Las guerrillas han instalado minas antipersonal, desde los años noventa y es el Ejército de Liberación Nacional ELN, quien importa la iniciativa de Vietnam. Son las guerrillas las responsables de instalar esta arma silenciosa que no distingue entre militares y civiles, entre humanos y animales.  No calcularon que su instalación desordenada y sin ningún patrón, afectaría lugares utilizados por población civil, que su intención de retardar las operaciones ofensivas militares, aquejaría comunidades próximas a sus áreas de operaciones y de retaguardia.

El ELN sembró cuatro veces más minas por combatiente en armas que las FARC hasta el año 2.000, esto, pese a que su tamaño era entre tres y cuatro veces menor al de las FARC.

Las minas instaladas a lo largo y ancho del país, las municiones sin explosionar y residuos de guerra abandonados durante el conflicto armado por las fuerzas antagónicas han dejado cicatrices en el 25 % de los municipios del país, contaminando casi un tercio de la geografía nacional.

Si bien es cierto que los cálculos de la contaminación con base en la georreferenciación tomada de los incidentes y accidentes desde los años noventa, en los municipios de mayor afectación apenas afecta cerca de 52 km2 del territorio nacional, esto es, si pusiéramos todos los incidentes y accidentes en un gran polígono, pensaríamos que el tamaño del problema apenas es tan grande como el municipio de Albán en Cundinamarca, o casi del tamaño de nuestro Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Pero la misión de encontrarlas para destruirlas, es como buscar una aguja en un pajar, pues las minas están dispersas en forma desordenada en todos los lugares donde ha sucedido la confrontación armada fueron instaladas en distintas formas: para matar al puntero de una patrulla, para herir los soldados de un equipo de reconocimiento, para impedir el desembarco de tropas de Infantería de Marina sobre las zonas ribereñas, para proteger posiciones defensivas y para cerrar puntos críticos de control territorial.

En la mayoría de los casos denunciados en Colombia las minas son instaladas sin patrones específicos, en cantidades muy variables y sin ningún tipo de señalización. Esta estrategia es muy peligrosa, puesto que hace imposible precisar la cantidad y ubicación de las minas y, por tanto, dificulta las labores de desminado, tanto militar como humanitario.

 

2. EL DESMINADO EN COLOMBIA: Qué se ha hecho

Desde el año 2001 existe una institución nacional a nivel de presidencia de la república, encargada de la coordinación de la política nacional y hoy denominada Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, al interior de la Alta Consejería para el Postconflicto.

Como parte de los compromisos que obliga la Convención de Ottawa, Colombia renunció al uso de las minas antipersonal; durante el año 2004 inició el proceso de limpieza de las bases militares, que finalizó efectuando la limpieza de campos minados defensivos, instalados alrededor de 35 bases militares.

En 2.009 se creó el Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario y a partir de 2010, llegan al país las primeras organizaciones civiles de desminado humanitario interesadas en apoyar las operaciones.

The Halo Trust completó un extenso y complejo proceso de acreditación en 2013. El año pasado Handicap International se acreditó; la buena noticia es que el pasado 5 de mayo, APN en un tiempo récord recibió su acreditación, luego de la modernización de los estándares nacionales, que son de obligatorio cumplimiento. Ahora se encuentra en proceso “La Campaña Colombiana Contra Minas”, que se acreditará durante las próximas semanas, como la primera organización nacional de Desminado Humanitario y en etapa preparatoria se encuentran dos nuevas organizaciones.

En materia de prevención, se han desarrollado importantes metodologías de enlace comunitario para trabajo con población infantil, población adolescente, comunidades indígenas y comunidades afro-descendientes, que han permitido ampliar la cobertura y efectividad de los programas de prevención, integrando capacidades nacionales a través de entidades como el Sena, Ministerio de Educación, ICBF, importantes ONG como Unicef, Pastoral Social, la CCCM, la Corporación Paz y Democracia, entre otras, y el apoyo del CICR.

El desminado humanitario en Colombia, ha logrado intervenir en:

  • 5 municipios libres de sospechas de minas entregados a las comunidades.
  • Acciones de desminado por parte del Batallón de Desminado Humanitario en 7 municipios, localizados en 3 departamentos.
  • Acciones de desminado por parte de la Infantería de Marina, en 4 municipios del departamento de Bolívar.
  • Intervenciones de la organización The Halo Trust en 9 municipios.

Sin embargo, las zonas donde se ha intervenido no son los territorios con mayores niveles de afectación. La variable de seguridad, es la que condicionó el dónde y cuándo ir a retirar las minas.

Bajo esas circunstancias, Colombia entiende que la Acción Contra Minas no es sólo luchar contra las minas; es liberar poblaciones agrícolas y trabajadores comunitarios del miedo que producen las minas; es permitir medios de subsistencia.

 

3. ACUERDO DE DESMINADO COMO GESTO DE PAZ Y LOS PROYECTOS PILOTO: El futuro del desminado

La negociación política del conflicto ha permitido un acuerdo de descontaminación y limpieza del territorio. La subcomisión técnica del gobierno y las Farc, decidieron comenzar el pasado 7 de marzo de 2.015, sobre las veredas de Orejón en el municipio de Briceño – Antioquia, y en la vereda de Santa Helena, municipio de Mesetas – Meta.

Es evidente que la negociación política en La Habana, busca establecer una nueva relación entre el Gobierno y las guerrillas, en el que las FARC reconocen la legitimidad democrática del gobierno y renuncian a su poder armado, a cambio de que el gobierno reconozca la realidad de su influencia en buena parte de la ruralidad nacional, la legitimidad de las aspiraciones y reclamos de la población rural y de su derecho a participar en la orientación del desarrollo territorial.

En el marco de este acuerdo, se ha reconocido:

  • La presencia de Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario (OCDH).
  • La participación en terreno de las autoridades civiles, el sector privado, las organizaciones comunitarias, la Fuerza Pública y los excombatientes de las guerrillas.
  • La importancia de coordinación entre guerrilleros y militares para avanzar en el desminado humanitario y en nuevas fórmulas de reconciliación.
  • Que la Acción Contra Minas brinda la posibilidad de contribuir al desarrollo rural, en apoyo de otras políticas como la asistencia integral a las víctimas, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la restitución de tierras.
  • El conocimiento de las Farc sobre amplios núcleos poblacionales de la ruralidad nacional.
  • La información de las Farc sobre puntos de referenciación en remplazo de mapas y coordenadas.
  • La información de las Farc sobre el tipo de minas, sus componentes, los patrones de instalación, el tamaño y promedio de las áreas peligrosas.
  • El aporte de las Farc como enlace comunitario.

Este tipo de operaciones complejas, por su estricto nivel de coordinación, riqueza técnica y diversidad de actores, han permitido construir confianza y espacios de reconciliación entre guerrilleros y militares; se comparten espacios físicos, lúdicos y técnicos en medio del respeto; existe comprensión de visiones y percepciones; se construyen espacios de diálogo y se descubren coincidencias que dejan lecciones para el futuro del desminado en Colombia.

 

4. EL PLAN ESTRATÉGICO 2021: La Acción contra Minas Antipersonal para la Construcción de la Paz Territorial

El escalamiento de los Proyectos Piloto

Los aprendizajes de los Pilotos acordados con las Farc, son varios; entre estos, para el Desminado Humanitario es una obligación ética y moral concentrar la capacidad nacional durante los próximos cinco años en descontaminar los municipios de mayor afectación por minas antipersonal, cambiando así la priorización inicial de intervenir en municipios con condiciones de seguridad, que no coincidían con los más altamente contaminados, a una acción más efectiva, que de manera sistemática prioriza su atención en las áreas rurales que más lo requieren.

Los Pilotos de descontaminación y limpieza del territorio, dejan como enseñanza que la Acción Contra Minas es una acción humanitaria con carácter integrador de la institucionalidad y de las capacidades nacionales; guía al Desminado Humanitario hacia la protección de los civiles, para crear un entorno sostenible de protección, que facilite el uso de los Derechos Fundamentales  y el retorno de desplazados.

Para la identificación de las áreas del territorio nacional, con mayor afectación por minas antipersonal se tomó la información oficial que refleja la dinámica de accidentes con MAP y MUSE, y se analizaron variables relevantes para priorizar la actuación de la Acción Integral contra Minas Antipersonal - AICMA:

  • Solicitudes de restitución de tierras
  • Hectáreas con cultivos de coca
  • Censos de población rural
  • Territorios con resguardos indígenas y tierras colectivas de comunidades negras
  • Cifras de desplazamiento forzado
  • Áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales
  • Intensidad del conflicto armado

Identificamos cuatro tipologías de afectación, y se determinó una intervención prioritaria en los próximos cinco años en los 199 municipios con más alta afectación.

  • Tipo I: 199 Municipios con alta afectación

    • Ubicados en 28 departamentos. Este grupo corresponde al 17.74 % del total de municipios del país.
    • En los municipios de esta Tipología se concentran el 75.6 % de los accidentes ocurridos en Colombia entre 1990 y diciembre de 2015, así como el 71.54 % de las víctimas de la población civil y el 76.19 % de las víctimas miembros de la Fuerza Pública, reportadas en el mismo periodo.
    • En cuanto a las solicitudes de Restitución de Tierras, 56.49 % de los predios solicitados están ubicados en municipios que pertenecen a esta Tipología.
    • Por último, el 91.19 % de hectáreas con cultivos de coca registradas en el país, se encuentran en municipios clasificados en esta Tipología.
    • Hay prevalencia de presencia de guerrilla de las FARC-EP y del ELN. 
  • Tipo II: 291 Municipios con media afectación

    • Ubicados en 28 departamentos del país. Este grupo corresponde al 25.94 % del total de municipios del país.
    • En los municipios de esta Tipología, se concentran el 14.95 % de los accidentes ocurridos en Colombia entre 1990 y diciembre de 2015 (es decir, de los registros históricos), así como el 18.69 % de las víctimas de la población civil y el 15.68 % de las víctimas miembros de la Fuerza Pública, reportadas en el mismo periodo.
    • En cuanto a las solicitudes de Restitución de Tierras, 24.35 % de los predios solicitados están ubicados en municipios que pertenecen a esta Tipología.
    • Por último, el 3.17 % de hectáreas con cultivos de coca registradas en el país, se encuentran en municipios clasificados en esta Tipología. 
  • Tipo III: 183 Municipios con baja afectación

    • Los municipios clasificados en esta tipología no cuentan con reportes de accidentes con MAP y MUSE en el IMSMA. No obstante, en estos municipios se ha presentado un bajo número de acontecimientos relacionados con MAP y MUSE sin víctimas (incidentes) tales como desminado militar en operaciones e incautaciones de MAP o MUSE. Estos municipios se encuentran ubicados en 27 departamentos del país. Este grupo corresponde al 16.31 % del total de municipios del país.
    • En cuanto a las solicitudes de Restitución de Tierras, 4.86 % de los predios solicitados están ubicados en municipios que pertenecen a esta Tipología. 
  • Tipo IV: 429 Municipios sin afectación registrada

    • Se compone por 429 municipios que no presentan registro de eventos por MAP y MUSE en el IMSMA. Éstos, se encuentran ubicados en 28 departamentos. Este grupo corresponde al 38.24% del total de municipios del país.

Las líneas de intervención del Plan Estratégico son:

  • Desminado Humanitario. Proceso de aplicación de todo esfuerzo razonable para identificar, definir y remover toda contaminación o sospecha de MAP y MUSE en un territorio.
  • Coordinación Nación – Territorio. Conjunto de acciones de articulación, interlocución, coordinación y seguimiento con las Entidades Territoriales y demás actores involucrados, para la implementación de la AICMA en el territorio.
  • Educación en el Riesgo por Minas. Conjunto de procesos dirigidos a la población civil, que busca sensibilizar y fomentar una cultura de comportamientos seguros, ante el riesgo por la presencia de Minas Antipersonal y Municiones sin Explosionar. La estrategia implica, una gran campaña de señalización de las áreas con sospecha de contaminación por minas o municiones sin explotar.
  • Asistencia Integral a Víctimas. Impulsar el acceso de las víctimas de MAP y MUSE a la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral en articulación con las entidades responsables.
  • Gestión de Información. Recolección, almacenamiento, análisis, validación y diseminación de la información relativa a la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Será necesario microfocalizar el territorio a nivel vereda, para conocer el tamaño real de la contaminación.
  • Evaluación de Impacto. Análisis del impacto de las minas sobre la población y el territorio afectado antes y después de la intervención de AICMA. Implica identificación de los derechos vulnerados y el impacto sobre su restitución.

 

5. LOS RETOS Y DESAFÍOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2021

El plan estratégico está definido a cinco años, y considero que es un buen espacio de tiempo para fortalecer la institucionalidad responsable de su implementación.

Desafíos

Costos

Se estimó el costo del plan estratégico 2016-2021, asciende a USD 327,97 millones, distribuido en seis líneas de intervención de la siguiente manera:

  • Coordinación Nación – Departamento – Municipio USD 7,30 millones (2%).
  • Educación en el riesgo USD 3,18 millones (1%).
  • Asistencia a Víctimas USD 7,48 millones (2%).
  • Desminado Humanitario USD 301,97 millones (92%).
  • Gestión de información USD 6,29 millones (2%).
  • Evaluación de impacto USD 1.75 millones (1%).

Específicamente para la intervención en desminado humanitario, se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos:

  • Cada municipio requiere de cuatro equipos de Desminado Humanitario con técnica manual para la liberación de tierras.
  • Cada equipo de Desminado Humanitario con técnica manual está conformado por 9 personas.
  • El costo por metro cuadrado despejado se estimó en USD 5,89, definido a partir del promedio de los resultados alcanzados en los Proyectos Piloto en zonas de alta contaminación con información precisa.
  • El Rendimiento promedio de un desminador por día es de 6 metros cuadrados.

Se resalta que la capacidad actual medida en personas acreditadas con la que cuenta el país para realizar operaciones de desminado, es de 1.105 desminadores civiles y militares; son 793 del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario - BIDES, 121 de la Agrupación de Explosivos y de Desminado de la Infantería de Marina, y 191 de la organización civil The Halo Trust.

Es así que para dar cumplimiento al plan, durante su primera fase, se requerirá una capacidad de Desminado Humanitario con técnica manual de 7.164 personas; será necesario aumentar el número de máquinas barreminas, desarrollar ciencia y tecnología en función del problema en Colombia.

Coordinación inter-institucional en territorio para intervenir los 199 municipios con mayor afectación

Los pilotos en Santa Helena y Orejón, nos han enseñado que buena parte de los problemas se resuelven con la participación  local de las organizaciones sociales y comunitarias; los gremios productores, las agencias estatales, las iglesias, los gobiernos locales, la institucionalidad nacional; es decir: todos. Todos como parte de los ejercicios de Planeación y desarrollo del Plan Nacional de Acción contra Minas.

La seguridad del territorio en función del ejercicio de derechos

En todo este proceso, la Fuerza Pública juega un rol de primer orden. Es profesional, respetuosa y querida por los colombianos; posee experticia y cumple con altos estándares de calidad.

Mientras existan incentivos para la criminalidad, los territorios enfrentarán enormes desafíos en la seguridad de sus ciudadanos, por eso es preciso contar con una Fuerza Pública sólida, ocupando la geografía profunda de la ruralidad, que acompañe a la institucionalidad local en el desarrollo de la Acción contra Minas.

En la periferia de la vereda Orejón, redes criminales se han acercado al área de influencia del proyecto piloto; han ingresado a Briceño amenazando la tranquilidad ciudadana. Vamos a encontrar problemas volátiles de seguridad, e intereses criminales disputando territorios.

El desminado humanitario no podrá retirarse de las zonas donde interviene, hasta brindar la certeza, de que las comunidades podrán caminar y sembrar de nuevo, sin temores y con plena libertad.

Desafíos políticos - sociales - vs coincidencias en las reivindicaciones

Encontraremos diversos tipos de conflictos, como problemas públicos por resolver, proyectos sociales enfrentados por sectores de población con intereses distintos y a veces impuestos.

Hemos observado que para las Farc, la transformación territorial debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, la historia no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales.

También hemos aprendido que para allanar el camino a la reconciliación, es preciso revisar las causas históricas como parte del pasado, que no pueden cambiarse; pero las consecuencias del conflicto pertenecen al presente y son las que hay que transformar para evitar la reproducción de disputas por territorio, disputas de poder a través de redes de crimen organizado.

Hay realidades que no se pueden ocultar; sobre la ruralidad de los municipios donde se implementarán los planes de Desminado, existen condiciones de pobreza extrema, falta de oportunidades y debilidad de las instituciones a la hora de regular la vida pública; son factores de riesgo que podrían desencadenar nuevos conflictos.

Existen comunidades que durante más de una generación han coexistido con la Guerrilla. Debe reconocerse que la guerrilla en el marco de un acuerdo definitivo, podría jugar un rol político que facilitará matizar narrativas y la conflictividad social en aquellos territorios donde ha habido débil presencia institucional; se debe reconocer la capacidad de influencia de las guerrillas sobre un vasto sector poblacional de la ruralidad nacional.

Hay que generar nuevas reglas de convivencia en las zonas donde irá el desminado humanitario. La guerra estableció reglas que señalaban por dónde, a qué horas transitar.

Es posible que algunas comunidades se opongan al desminado; ellas saben por dónde caminar. Con el mismo interés para que les retiren las minas, tanto comunidades, como organizaciones sociales aprovecharán la oportunidad de La Paz y las expectativas de los acuerdos, para exigir la instalación de bienes de uso público.

Desafíos técnicos, operativos y logísticos

Durante la implementación de la Acción contra Minas, es necesaria una respuesta excepcional.

Por encima del rigor técnico del mundo de las minas, por encima de los roles, de las visiones del liderazgo unilateral y de las distintas percepciones; en primer lugar debe priorizarse la restitución de los derechos que se han violado por causa del uso de las minas, por el abandono de las municiones sin explotar y de los restos de guerra abandonados durante el conflicto armado.

El rigor técnico se debe complementar con las visiones políticas, jurídicas y logísticas que demanda un Desminado Humanitario, moderno y respetuoso de las angustias, de las vocaciones y demandas de los territorios.

Al ingresar a zonas donde no ha existido presencia estatal, encontraremos mayores dificultades de acceso, que requerirán procedimientos administrativos y logísticos más flexibles y oportunos.

Finalmente, lo que más debe animar este plan, es el enfoque humanitario de sus estrategias. Tanto Operadores, como  Guerrillas  e Instituciones, deben conjugar visiones antagónicas, en función del bien común, para hacer viable el desafío que implica ver a Colombia sin miedo, sin la zozobra, sin la amenaza que producen las minas.

Hay quienes dicen que las minas deberían ser retiradas por quienes las instalaron y que ojalá descalzos y vendados; pero para reconciliarnos, siempre será mejor mirar por la ventana del perdón y no por el espejo de las heridas.

La humillación, la frustración, la confusión, el desprecio, la desconfianza y los deseos de venganza, se derribarán en la medida que las historias y lecciones de los proyectos pilotos de Santa Helena y Orejón, interiorice sus aprendizajes en la necesaria reconciliación de todos los colombianos. Solo así; sin prejuicios y sin temores para complementarnos, podremos terminar con la tarea que nos ha impuesto nuestro presidente: 

¡Colombia libre de minas antes del 2021!