Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal

Desminado Humanitario

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el Desminado Humanitario?

Es la asistencia humanitaria provista a las comunidades afectadas por las Minas Antipersonal (MAP), las Municiones sin Explotar (MSE) y los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) siguiendo los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario, que fueron elaborados con base en la legislación nacional, los Estándares Internacionales para la Acción contra Minas (IMAS por sus siglas en inglés) y los Principios Humanitarios de Humanidad, Neutralidad e Imparcialidad, consagrados en la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Diciembre 1991).

Las actividades de Desminado Humanitario son reguladas por la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario, creada mediante el Decreto 3750 de 2011.Su objetivo es eliminar los peligros derivados de las Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explosionar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) con el fin de restituir las tierras a la comunidad para su utilización.

 

¿Qué es el Desminado Militar?

Son los procedimientos que ejecutan grupos especializados en tareas antiexplosivos de la Fuerza Pública colombiana (e.g. EXDE y MARTE) para la detección y destrucción de las Minas Antipersonal (MAP) para facilitar las operaciones militares de control territorial. Estos procedimientos no están vinculados con la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA).

 

¿Quién realiza el Desminado Humanitario en Colombia?

La Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario No. 1 del Ejército Nacional y la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina de la Armada Nacional vienen realizando las labores de Desminado Humanitario en el país desde el año 2005, cuando se inició el desminado de 35 bases militares en cumplimiento de las obligaciones suscritas por el Estado colombiano como Estado Parte de la Convención de Ottawa. A partir del año 2007 comenzaron a realizar labores de desminado humanitario en comunidades afectadas por las minas antipersonal en diferentes áreas del territorio nacional.

Con la reglamentación de la Ley 1421 de 2010, a través del Decreto 3570 de 2011, se estableció que cualquier organización no gubernamental, nacional o internacional, cuyo objeto social sea el desarrollo de tareas o actividades de desminado humanitario, siempre que cumpla con los estándares y se someta a los procedimientos de certificación y de aval previstos para tal fin, podrá realizar las actividades de Desminado Humanitario que le sean asignadas por el Gobierno Nacional. Actualmente hay 9 Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario (OCDH) así: The Halo Trust, Ayuda Popular Noruega, Handicap International, Danish Demining Group, Perigeo NGO, Asociación Colombiana de Técnicos y Expertos en Explosivos e Investigadores de Incendios y NBQR (Atexx), Campaña Colombiana Contra Minas, Colombia Sin Minas y Humanicemos DH.

 

¿Se utiliza población civil en las actividades de desminado humanitario?

Sí, para el desarrollo de su misión, las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario (OCDH) pueden contratar personal civil, nacional o extranjero, que deberá ser equipado y entrenado de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno Nacional, con el fin de surtir un estricto proceso de acreditación, requisito indispensable para adelantar en Colombia cualquier actividad relacionada con el Desminado Humanitario.

Como está establecido tanto en el Decreto 3750 de 2011como en los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario, las OCDH están obligadas a observar la normativa colombiana vigente en materia laboral, ambiental, penal y de seguridad industrial, por lo que deben vincular a su personal mediante contratos laborales que cumplan con dicha legislación; además, tienen que constituir para su personal una póliza de seguro de vida y accidentes complementaria a lo establecido en la legislación laboral colombiana, que cubra el riesgo por muerte y lesiones físicas o sicológicas, transitorias o permanentes, asociadas al desarrollo de tales actividades.

En ningún caso existe algún tipo de relación contractual entre el Estado colombiano y las personas vinculadas laboralmente a las OCDH.

 

¿Cuáles son los fundamentos constitucionales y legales para justificar el hecho de que civiles cumplan labores de desminado humanitario?

Es importante aclarar que el Desminado Humanitario por organizaciones civiles se rige por los principios humanitarios de que trata la Resolución 46/182 expedida el 19 de diciembre de 1991 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Con el fin de garantizar la adherencia a estos principios humanitarios (según el Artículo 9 de la Ley 1421 de 2010), el Desminado Humanitario debe llevarse a cabo únicamente en zonas del territorio nacional donde el acceso a las comunidades afectadas por minas antipersonal es sostenible, y donde recibir asistencia humanitaria es un derecho independiente de la acción política y militar, que no involucra a la población en la estrategia del Estado colombiano contra los Grupos Armados Organizados (GAO).

En este sentido, ninguna Organización Civil de Desminado Humanitario puede adelantar labores en áreas en las cuales las minas antipersonal todavía representen algún valor táctico o estratégico para los GAO.

Así mismo, es relevante aclarar que la política de acción integral contra minas antipersonal no es, en ningún caso, una estrategia de lucha contra los grupos armados organizados al margen de la ley sino que tiene por objeto eliminar el impacto negativo que la presencia de minas antipersonal causa en las comunidades afectadas.

Con base en lo anterior, la Constitución Política Nacional, en su Título XII, Capítulo V, señala el marco constitucional en el que debe orientarse la actuación de las autoridades públicas y privadas en relación con el servicio público. Específicamente, el Artículo 365 señala lo siguiente:

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.

De igual manera, la Constitución señala en su Artículo 366 que:

El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado.

En este sentido, mantener la seguridad e integridad de los ciudadanos constituyen un servicio público, entendiendo que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-043 de 1998, definió el servicio público como toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua de acuerdo con un régimen jurídico especial bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas privadas (Artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo).

Por esta razón, el Congreso de la República ejerció su competencia (Art. 150, inciso primero de la Constitución Política) para regular el tema de los servicios públicos domiciliarios y el de los servicios públicos en general en la forma que estime más conveniente para el país, mediante la aprobación de la Ley 1421 de 2010, con el espíritu de ampliar la capacidad instalada en el país para realizar operaciones de Desminado Humanitario, financiadas enteramente con recursos de cooperación, con el objetivo de atender con mayor celeridad las necesidades de las comunidades afectadas por minas antipersonal.

 

¿Bajo qué marco normativo se puede hacer Desminado Humanitario en Colombia?

Según la Ley 554 de 2000, el Estado colombiano es Parte de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de Minas Antipersonal y sobre su destrucción, denominada Convención de Ottawa.

En sus artículos 4 y 5, dicha Convención ordena al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para que todas las minas antipersonal en zonas bajo su jurisdicción tengan el perímetro marcado y estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios, con el fin de asegurar la exclusión de civiles hasta que estas sean destruidas.

A través de la Ley 759 de 2002 se establece un régimen penal para castigar el empleo, producción, comercialización y almacenamiento de Minas Antipersonal; y se creó la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal (CINAMAP), en cabeza del Señor Vicepresidente de la República, como autoridad nacional en los temas relativos a las minas antipersonal y las municiones sin explotar.

Mediante el Decreto 2150 de 2007 se creó el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA) para ejercer las funciones de Secretaría Técnica de la autoridad nacional (CINAMAP) en los temas relativos a las minas antipersonal y las municiones sin explotar, bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República.

La Ley 1421 de 2010, en su Artículo 9, otorga facultades al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, para adoptar las medidas necesarias sobre la base de los estándares internacionales y los principios humanitarios y reglamentar así las actividades de desminado humanitario de forma que pueda ser realizado por organizaciones civiles, con el propósito de garantizar el goce efectivo de los derechos y libertades fundamentales de las comunidades afectadas por la violencia armada en Colombia.

El Decreto 3750 de 2011, que reglamenta el Artículo 9 de la Ley 1421 de 2010, establece la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario como el ente interinstitucional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, encargado de implementar y dirigir la ejecución de actividades de Desminado Humanitario realizadas por Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario.

 

¿Quién elabora los Estándares Nacionales de Acción contra Minas Antipersonal?

La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, en virtud de las facultades concedidas en el artículo 27, numeral 9 del Decreto 1649 de 2014, por competencia redacta los estándares nacionales relativos a las minas antipersonal y mediante acto administrativo los adopta y vela por su difusión, aplicación y cumplimiento:

"ARTÍCULO 27. Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Son funciones de la Dirección Integral contra Minas Antipersonal las siguientes: 9. Redactar y adoptar los estándares nacionales para las actividades relativas a las minas y velar por su difusión, aplicación y cumplimiento".

 

¿Qué es la acreditación para desarrollar el desminado humanitario?

Es el procedimiento, plasmado en el Estándar Nacional de Acreditación de Organizaciones de Desminado Humanitario (con base en el Estándar Internacional de Acción contra Minas Antipersonal 07.30 Accreditation of Demining Organizations), mediante el cual el Estado colombiano identifica si una Organización Civil de Desminado Humanitario es competente y apta para planificar, administrar y ejecutar operaciones de desminado humanitario de una forma segura, eficiente y eficaz. El proceso de acreditación asegura que la organización cuenta con el personal, los equipos, sistemas, procedimientos y estructuras de apoyo necesarios para desarrollar el desminado humanitario antes de comenzar cualquier actividad.

 

¿Quién dice qué áreas deben ser intervenidas?

De acuerdo con los Artículos 6 y 12 del Decreto 3750 de 2011, la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario, integrada por el Ministro de Defensa Nacional, el Inspector General de las Fuerzas Militares y el Director de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - Descontamina Colombia, determinará las zonas que deberán ser intervenidas, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad.

Adicionalmente, se establece que se deberá consultar a las autoridades locales y étnicas, comunidades y demás organizaciones que se considere pertinente, con el propósito de alimentar su proceso de toma de decisión.

Finalmente, vale la pena mencionar que el Artículo 14 (del Decreto 3750) establece que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación podrán desarrollar labores de acompañamiento en el proceso de monitoreo, a fin de garantizar un enfoque de derechos y de protección de la población civil, por lo que se ha incluido a estas dos entidades del Ministerio Público como invitadas permanentes a las sesiones de la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario.

 

¿Las zonas susceptibles de ser objeto de desminado humanitario coinciden con las áreas denominadas por el Gobierno Nacional como "de consolidación"?

No, la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario deberá analizar, caso por caso, las condiciones reinantes en cada una de las zonas de consolidación (**) que se encuentran en Fase de Estabilización, con el fin de comprobar que efectivamente en estas se aplican los Principios Humanitarios (*) explicados anteriormente y, por lo tanto, pueden clasificarse como Zonas Seguras donde puede realizarse el Desminado Humanitario.

El Plan Nacional de Consolidación (PNC) priorizó 15 zonas de intervención que abarcan el territorio de 100 municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo y Tolima.

La Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario considerará estas zonas del país con el propósito de colaborar con la Integración de Esfuerzos liderada por la Presidencia de la República a través del Centro de Coordinación de Acción Integral, pero no se limitará a ellas, pues existen otras zonas del país afectadas por las minas antipersonal en las que posiblemente existen las condiciones necesarias para realizar operaciones de Desminado Humanitario.

(*) Los principios humanitarios

De acuerdo con el Artículo 9 de la Ley 1421 de 2010, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, adoptará las medidas necesarias, sobre la base de los estándares internacionales y los principios humanitarios,para reglamentar las actividades de desminado humanitario de forma que pueda ser realizado por organizaciones civiles. El Desminado Humanitario deberá llevarse a cabo en Zonas Seguras, donde el Estado colombiano tiene pleno control territorial, donde las minas antipersonal han sido abandonadas por quien las sembró, y donde las condiciones de seguridad permiten una intervención sostenible de Desminado Humanitario en beneficio del desarrollo económico y social de la comunidad.

(**) Las zonas de consolidación

El Plan Nacional de Consolidación (PNC) establece que en el territorio [colombiano] se configuran tres tipologías de zonas que reflejan la dinámica territorial del proceso de consolidación, y que corresponden a las fases en las que se desarrollará el PNC: zonas en fase de Recuperación, zonas en fase de Transición y zonas en fase de Estabilización.

Fase de Recuperación: consiste en adelantar operaciones enfocadas a la recuperación de la seguridad territorial, y dirigidas a mitigar los efectos de la confrontación armada sobre la población civil con el fin de protegerla. Se ejecuta en aquellas zonas en las cuales existe una alta incidencia de la amenaza insurgente o terrorista, ausencia institucional y dependencia de la población frente a economías ilícitas.

Fase de Transición: a medida que se va estableciendo el control territorial por parte del Estado, la intensidad del esfuerzo militar va siendo sustituida por la presencia permanente de la Policía Nacional y el acceso a la justicia. Al mismo tiempo se va haciendo efectiva la presencia de la institucionalidad pública y privada para el desarrollo social y económico, empezando con la atención a las necesidades inmediatas de la población.

Fase de Estabilización: se realiza la Integración de Esfuerzos, enfocada a promover la presencia integral y permanente del Estado Social de Derecho en el territorio, con el fin de crear las condiciones necesarias para consolidar una economía que garantice un mayor nivel de bienestar, una sociedad más igualitaria y solidaria de ciudadanos libres y responsables y un Estado eficiente al servicio de la ciudadanía.

 

¿Pueden Compañías Comerciales de Desminado Humanitario operar en el país?

Las Compañías Comerciales de Desminado Humanitario podrán operar en el país con la condición de que se apeguen estrictamente a lo establecido en la legislación nacional relativa al Desminado Humanitario. Sus recursos de financiación no pueden provenir del presupuesto público colombiano y las únicas actividades que estarán autorizadas a ejecutar son aquellas definidas por la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario.

1. La legislación

La Ley 1421 de 2010 ha previsto extender las excepciones penales otorgadas al Ministerio de Defensa Nacional en la Ley 759 de 2002 a las Organizaciones Civiles que coadyuven en la labor de desminado humanitario, con el propósito de tener una mayor capacidad instalada.

2. ¿Qué necesitan para operar?

Para esto, la Ley 1421 de 2010 establece claramente que las labores de Desminado Humanitario que desarrollarán la Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario serán debidamente acreditadas por el Gobierno Nacional, y tienen como propósito garantizar el goce efectivo de los derechos y libertades fundamentales de las comunidades afectadas por la violencia armada en Colombia. De igual manera, esta misma Ley establece que el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para reglamentar estas actividades sobre la base de los estándares internacionales y los principios humanitarios.

La Instancia Interinstitucional únicamente asignará Actividades de Desminado Humanitario en lugares donde se apliquen de forma concomitante los tres Principios Humanitarios, denominados Zonas Seguras, donde se puede proveer asistencia humanitaria sin poner en tela de juicio la neutralidad de la organización humanitaria, ni afectar la imparcialidad de la comunidad beneficiaria frente a las partes en conflicto, con el fin de aliviar el sufrimiento humano, priorizando a los grupos de población más vulnerable.

 

¿Cuáles herramientas tiene el Estado colombiano para controlar a las organizaciones de desminado humanitario acreditadas?

El proceso de acreditación, establecido en la Ley 1421 de 2010, el Decreto 3750 de 2011 y el Estándar Nacional de Acreditación de Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario, es la principal herramienta del Estado colombiano para mantener el control sobre las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario.

La acreditación es revisada cada doce (12) meses para garantizar que la normatividad y las disposiciones en materia de desminado humanitario, así como las calidades y cualidades de las Organizaciones Civiles, permanecen estables en el tiempo.

Adicionalmente, el aseguramiento y control de calidad que acompaña permanentemente el desarrollo de las actividades de desminado humanitario que desarrollan las Organizaciones Civiles permite realizar un seguimiento que garantiza que efectivamente estas actividades se están realizando de una forma segura, eficaz y eficiente.

 

¿Quién monitorea las labores de Desminado Humanitario en Colombia?

De acuerdo con el Artículo 14 del Decreto 3750 de 2011, las labores de monitoreo de las actividades de Desminado Humanitario realizadas por las Organizaciones Civiles serán efectuadas por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), el Ministerio de Defensa Nacional y la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares. Igualmente, este artículo establece que el Gobierno Nacional podrá suscribir acuerdos de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales para este propósito.

En este sentido, el Estado colombiano ha solicitado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que implemente un programa de gestión de calidad de las operaciones de desminado humanitario. La experiencia de la OEA en el Desminado Humanitario de todos los países afectados por minas antipersonal del hemisferio, junto con su carácter de entidad multilateral, hacen de este un organismo idóneo para llevar a cabo esta misión, asegurando la transparencia del proceso y garantizando la calidad de los resultados.

1. Razones técnicas que justifican el rol de la OEA como organismo encargado de la labor de monitoreo sobre las labores de Desminado Humanitario que realicen las Organizaciones Civiles.

El Programa de Acción Integral de la Organización de los Estados Americanos asesora y monitorea las acciones de desminado humanitario en el continente desde 1991.

De los 16 países que han sido declarados libres de minas en el mundo cinco (5) están en el continente americano y han sido monitoreados por la OEA.

El Programa de Acción Integral de la OEA en Colombia (AICMA-CO) monitoreó el plan de destrucción de los arsenales almacenados de minas antipersonal en poder de las Fuerzas Militares, concluido en octubre de 2004, en cumplimiento del Artículo 4 de la Convención de Ottawa.

AICMA-CO monitoreó el plan de desminado de las 35 bases militares, en cumplimiento del Artículo 5 de la Convención de Ottawa. Como resultado de estas tareas de desminado humanitario monitoreadas y certificadas por AICMA-CO, Colombia informó a la comunidad internacional en diciembre de 2010 que había concluido con este primer compromiso relativo a la Convención de Ottawa y recibió una extensión de 10 años para remover todas las minas antipersonal del territorio nacional.

AICMA-CO monitorea desde 2007 el desminado humanitario que realiza el Batallón de Desminado Humanitario para atender las necesidades de comunidades afectadas por minas antipersonal, sembradas de manera indiscriminada por los Grupos Armados al Margen de la Ley. Este desminado humanitario se ha desarrollado con éxito en los siguientes municipios: San Carlos, San Francisco y Granada (Antioquia); Carmen de Bolívar, San Jacinto y Zambrano (Bolívar); San José del Guaviare (Guaviare); El Dorado y Vista Hermosa (Meta); Samaniego y Barbacoas (Nariño); Carmen de Chucurí (Santander); y Chaparral (Tolima).

(AICMA-CO cuenta con la estructura técnica, logística y administrativa para monitorear una vez por semana a todas las unidades de desminado desplegadas en el territorio nacional.

La transparencia e imparcialidad que a lo largo de 20 años ha ganado el Programa de Acción Integral de la OEA hacen que Colombia gane también en credibilidad frente a la comunidad nacional e internacional.

Los asesores técnicos del Programa de Acción Integral de la OEA en Colombia, que están a cargo del monitoreo de las operaciones en Colombia acumulan más de 12 años de experiencia por su participación en los Programas Nacionales de Costa Rica, Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Perú.

El Servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas Antipersonal está asistiendo al Programa de Acción Integral de la OEA en Colombia (AICMA-CO) con capacitación y transferencia de experiencia con el fin de fortalecer su componente de monitoreo como preparación para la entrada en vigencia de la nueva legislación sobre Desminado Humanitario.

2. Razones jurídicas que justifican el rol de la OEA como organismo encargado de la labor de monitoreo sobre las labores de Desminado Humanitario que realicen las Organizaciones Civiles.

El Gobierno Colombiano y la Secretaria General de la OEA mantienen un Acuerdo Marco suscrito desde marzo del 2003, en el cual el Programa de desminado de la OEA asiste al Gobierno colombiano técnica y financieramente.

Como parte del Acuerdo, el Programa de Acción Integral de la OEA en Colombia apoya al Gobierno colombiano en el monitoreo del plan nacional desde el año 2003.

En la reunión de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal – CINAMAP celebrada el 24 de marzo del 2011 se acordó que el Programa de Acción Integral de la OEA en Colombia (AICMA-CO) continuaría efectuando su labor de monitoreo de las actividades de Desminado Humanitario que realizan las Fuerzas Militares, y que extendería su capacidad para monitorear las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario que eventualmente ejecutarán actividades a la luz del Artículo 9 de la Ley 1421 de 2010.

Desde hace dos años el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal y la OEA vienen revisando la actualización del Acuerdo Marco suscrito en marzo de 2003, y recientemente el Ministerio de Defensa dio la aprobación al nuevo texto, en el cual se contemplan y amplían las responsabilidades de la OEA en el monitoreo y control de calidad de las operaciones de desminado humanitario que se adelanten en Colombia.

Finalmente, vale la pena mencionar que el Decreto 3750, en su Artículo 14, también establece que La Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación podrán desarrollar labores de acompañamiento en el proceso de monitoreo, a fin de garantizar un enfoque de derechos y de protección de la población civil, por lo que se ha incluido a estas dos entidades del Ministerio Público como invitados permanentes a las sesiones de la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario.

 

¿Quién financia las operaciones de las Organizaciones de Desminado Humanitario que sean acreditadas para operar en el país?

Las organizaciones acreditadas deberán acudir a diferentes donantes (gobiernos extranjeros, agencias de cooperación, sociedades privadas, personas naturales) y presentar proyectos para recibir recursos de financiación con los cuales implementar sus planes y programas en Colombia. De las cualidades y calidades de la organización dependerá su capacidad para obtener recursos de financiación.

Cabe aclarar que la totalidad de los recursos aprobados en el documento CONPES 3567 corresponden a la creación, equipamiento, capacitación, acreditación y sostenimiento de los catorce (14) pelotones de desminado humanitario de las Fuerzas Militares hasta el año 2012. Los recursos aprobados en el CONPES no contemplan las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario ni sus actividades en el país.

 

¿Quién presta la seguridad a las organizaciones de desminado humanitario?

Si se requieren grandes dispositivos de seguridad se está haciendo el desminado humanitario en el lugar equivocado. El desminado humanitario no puede realizarse en áreas donde los Grupos Armados al Margen de la Ley continúan operando activamente ya que se estaría poniendo en peligro la vida e integridad de la comunidad y del personal de la Organización Civil.

De acuerdo con el Artículo 6 del Decreto 3750 de 2011, determinar las zonas del territorio nacional donde se realizará progresivamente desminado humanitario es función de la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario, integrada por el Ministro de Defensa Nacional, el Inspector General de las Fuerzas Militares y el Director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA).

Para realizar esta función, de acuerdo con el Artículo 12 del mismo decreto, la Instancia Interinstitucional tendrá en cuenta los siguientes criterios: seguridad; contaminación con minas antipersonal, de acuerdo con la información recopilada por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal; la información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; y la información suministrada por el Comando General de las Fuerzas Militares.

Los criterios mencionados anteriormente buscan garantizar que la selección de las zonas para realizar Desminado Humanitario se haga de conformidad con los Principios Humanitarios consignados en la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según la cual, La asistencia humanitaria deberá proporcionarse de conformidad con los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad.

El Desminado Humanitario debería llevarse a cabo en áreas consolidadas, donde el Estado colombiano tiene pleno control territorial y donde las condiciones de seguridad permiten una intervención sostenible de Desminado Humanitario en beneficio del desarrollo económico y social de la comunidad.

 

¿Cómo se controla el manejo de explosivos por parte de las organizaciones civiles de desminado humanitario?

El Estado colombiano posee una amplia legislación en torno al empleo de explosivos. Los parámetros para la utilización de estos materiales restringidos están claramente enunciados en el Decreto 3750 de 2011 y el control está en manos del Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares.

 

¿Cuánto tiempo tomará el desminado humanitario en Colombia?

El Estado colombiano desconoce cuáles y cuántas son las áreas que se deben desminar, así como su extensión y nivel de contaminación. Solamente quienes instalan las minas conocen su número y ubicación. El Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal registra información que permite establecer los niveles de afectación por minas antipersonal a nivel municipal. Esta, cruzada con información relevante como seguridad, actividades ilegales, cultivos ilícitos, desplazamiento, retorno, inversión y desarrollo, entre otras, permitirá establecer prioridades para la intervención

En el año 2010 los Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción aprobaron la solicitud de extensión al Artículo 5 por un periodo de diez (10) años. De acuerdo con la solicitud, se determinó incrementar la capacidad instalada de Desminado Humanitario en el país para poder cumplir con este mandato.

Para poder llevar a cabo este plan tan ambicioso es necesario contar con mayor ayuda internacional y con la operación de Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario.

Sin embargo, todos los esfuerzos por identificar y desminar las áreas donde se sospecha la presencia de minas antipersonal son insuficientes mientras los Grupos Armados al Margen de la Ley continúen empleando estos artefactos explosivos.

 

¿Las personas desmovilizadas y/o reinsertados de los grupos armados pueden ser empleados en actividades de desminado humanitario?

Las organizaciones civiles de Desminado Humanitario, nacionales o internacionales, acreditadas por la Comisión Intersectorial de Acción Integral contra Minas Antipersonal son libres de establecer sus propias políticas de empleo, siempre y cuando estas respeten la legislación laboral vigente en el país y el personal contratado sea idóneo para el desarrollo de su misión.

 

¿Qué tipo de medidas se toman para prevenir los riesgos y/o los daños que pueden traer las operaciones de Desminado Humanitario?

Las organizaciones civiles que desarrollen operaciones de Desminado Humanitario deben demarcar apropiadamente las áreas intervenidas de acuerdo con los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario.

Adicionalmente, las organizaciones deben informar sobre estos sistemas de marcación a la población circunvecina del área intervenida con el fin de que esta esté en capacidad de identificar correctamente las áreas donde se sospecha la contaminación con minas antipersonal y transite exclusivamente por las zonas consideradas seguras.

En cuanto al personal de la organización, este deberá ser capacitado, contar con equipos de protección personal adecuados para su labor y desarrollar su misión siguiendo procedimientos operacionales estándar aprobados previamente por la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario.

 

¿Cuál es la responsabilidad del Estado en caso de que un trabajador extranjero de una Organización de Desminado sufra un accidente?

Entendiendo que todo el personal de las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario tiene una vinculación laboral directa con esta, de acuerdo con los artículos 16, 27, 28, 34 y 43 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la responsabilidad, en caso de que el trabajador migratorio sufra algún daño o lesión en desarrollo de sus actividades laborales, estará en cabeza del Régimen de Riesgos Profesionales al que se encuentre vinculado en relación con su contrato.

Cabe mencionar que, adicionalmente, todos los trabajadores migratorios vinculados a Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario deberán estar amparados por una póliza de seguro de vida y accidentes que cubra el riesgo por muerte y lesiones físicas o sicológicas transitorias o permanentes asociadas al desarrollo de tales actividades, según lo establecido en el Artículo 13 del Decreto 3750 de 2011.

 

¿Cuál es la responsabilidad del Estado dentro de los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario que se están discutiendo?

El Estado colombiano es responsable por cualquier incidente relacionado con minas antipersonal que ocurra en el territorio nacional.

En los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario se plantea que una vez un área susceptible de contener minas antipersonal sea asignada para su limpieza a una Organización Civil de Desminado Humanitario, esta será responsable de tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier incidente que lleve a ocasionar daños o lesiones tanto a su propio personal como a la comunidad vecina que se beneficia del desminado humanitario.

Una vez la organización finalice las tareas conducentes a eliminar todas las minas antipersonal que amenazan la vida e integridad de la población, y se hayan efectuado los controles de calidad que corroboren que en el lugar se han hecho todos los esfuerzos razonables para cumplir con lo anterior, la responsabilidad sobre el territorio vuelve a recaer en el Estado colombiano.

 

¿Cuáles son los indicadores de evaluación para medir las operaciones de Desminado Humanitario?

La práctica internacional en Desminado Humanitario no establece indicadores de evaluación para medir las operaciones de Desminado, sin embargo, hay un conjunto de datos a tener en cuenta para el seguimiento de las operaciones como son: el número de Estudios no Técnicos realizados, el número de Áreas Peligrosas identificadas, el número de Sospechas canceladas, el número de metros cuadrados despejados, el número de artefactos explosivos destruidos, la cantidad de desechos metálicos encontrados, la cantidad de No Conformidades Críticas y No Críticas identificadas durante los procesos de gestión de calidad, los rendimientos de las unidades de Desminado Humanitario y la principal de todas, la población beneficiada.

 

¿Qué tipo de contrato se celebra entre el Gobierno Nacional y las personas que hacen parte de este Programa?

Como está establecido en el Decreto 3750 de 2011 y en los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario, las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario (OCDH) están obligadas a cumplir la normativa vigente en materia laboral, ambiental, penal y de seguridad industrial, por lo que deberán vincular a su personal mediante contratos laborales que cumplan con la legislación laboral colombiana, y tendrán que constituir una póliza de seguro de vida y accidentes complementaria a lo establecido en la legislación para su personal, que cubra el riesgo por muerte y lesiones físicas o sicológicas transitorias o permanentes asociadas al desarrollo de tales actividades.

No existe ningún tipo de relación contractual entre el Estado colombiano y las personas vinculadas laboralmente a las OCDH.

En cuanto a la relación de las OCDH con el Estado colombiano, se ha previsto que no exista un vínculo contractual y que estas financien sus actividades mediante recursos de cooperación.

 

¿Hasta qué punto un grupo ilegal podría interpretar que las organizaciones que realizan operaciones de D.H pueden ser consideradas como "Parte" del conflicto?

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1421 de 2010, el Desminado Humanitario, como asistencia humanitaria que se brinda a las comunidades afectadas por minas antipersonal, deberá proporcionarse con respeto pleno de la soberanía del Estado y sobre la base de estándares internacionales y los principios humanitarios.

Con el fin de garantizar la adherencia a estos principios humanitarios, el Desminado Humanitario deberá llevarse a cabo únicamente en zonas del territorio nacional donde se puede proveer asistencia humanitaria sin poner en tela de juicio la neutralidad de la organización humanitaria ni afectar la imparcialidad de la comunidad beneficiaria frente a las partes en conflicto, con el fin de aliviar el sufrimiento humano, priorizando a los grupos de población más vulnerable.

Esto significa que, en la práctica, las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario solo podrán llevar a cabo su labor en las zonas del territorio nacional donde el Estado colombiano tiene pleno control territorial, donde las minas antipersonal han sido abandonadas por quien las instaló, y donde las condiciones de seguridad permiten una intervención sostenible de Desminado Humanitario en beneficio del desarrollo económico y social de la comunidad.