Colombia firmó la
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Tratado de Ottawa) el 3 de diciembre de 1997. Ratificó el 6 de septiembre de 2000 y entró en vigor el 1 de marzo de 2001.
162 países en el mundo son Estados Parte de la Convención de Ottawa, según la
Unidad de Apoyo a la Convención (ISU, por sus siglas en inglés) en Ginebra, Suiza.
La Convención, al incluir la provisión de asistencia a las víctimas, trasciende de un tratado que limita el uso de un método de guerra a un Tratado de Desarme Humanitario.
Las Minas Antipersonal (MAP) son una tragedia para Colombia, están instaladas en una amplia parte del territorio nacional, en especial sobre los campos donde habitan campesinos, colonos, comunidades afrodescendientes e indígenas; no distinguen raza, religión, sexo, edad, combatiente o civil. Son una clara violación a los Derechos Humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario.
Es por esto que el país ha establecido un sistema normativo que permita cumplir con el propósito del Tratado de Ottawa, plasmado en la
Ley 759 de 2002 y varios Decretos Reglamentarios, que constituyen la base jurídica en materia de Desminado Humanitario, Educación en el Riesgo de Minas, Asistencia Integral a Víctimas y el Sistema de Información para el Estado colombiano.
Informes Artículos 4, 5, 7 y Protocolo II de la CPMAP (Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción)
Informes de artículo 4 - Actas de destrucción
Informes artículo 5 - «Destrucción de minas antipersonal colocadas en zonas minadas»
Informes artículo 7
Informes de avance sobre actividades - Plan de Acción de Maputo
Informes nacionales presentados en virtud del Protocolo II Enmendado sobre Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos.
